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Census / Censo

04.10.2018

Sigue la traducción al español

Among the responsibilities and tasks of a modern State is the collecting and keeping of specific data about the population to be governed. It is important to appropriately implement the census to gather data for: improving city plans, programs and public policies; better allocation of resources, the identification of gaps in economic development, and the identification of vulnerable populations.

Recently, the U.S. Department of Commerce announced the addition of a new question in the next population census of 2020, which is focused on knowing whether a person is a citizen of the country or not. The big problem is that this new question would intimidate mixed family households and immigrants – populations that include both citizens and non-citizens -thus reducing the surveyed population and generating little assertive data to reflect the true composition of the country.

Historically the census has been a mechanism of control and power of the U.S. government over minorities, using it as a convenience to define who is part of the political community and who remains on the sidelines. This question of citizenship represents the alteration of the political balance of power in legislative maps, since the census helps the U.S. government calculate the distribution of resources and draw districts for local and state elections.

The census data is used to determine how to distribute more than $ 675 billion dollars in funds for federal programs, while also being used to chart the electoral districts. The census data is also used to redesign the districts of the House; In turn, the number of seats in the Chamber of each state determines the number of electoral votes in a presidential election. The 2010 Brookings report estimates that approximately 31% of all federal programs use census data to guide the distribution of resources, since grants based on the census make up 75% of all federal funds.

In December of last year, the Department of Justice formally asked the Secretary of Commerce, Wilbur Ross, to include a citizenship question in the 2020 census; however, citizenship has not been a part of the U.S. census since 1950. So far, representatives of both parties have disapproved of the inclusion of the question, considering it a tool that will skew the population count. It goes without saying that there are many negative implications as a result of applying a citizenship question, such as a cut in the federal funds distributed to each state by not properly accounting for the bulk of its population. For each person not counted, a loss of $1,611 would be incurred, according to a study conducted by George Washington University in 2015.

Not counting minorities means less representation in the government and less federal resources to states and communities with populations of Hispanics, blacks, and people from the Middle East. The power yields influence.

The true intention of the Administration to add the question of citizenship to the census is to politically favor President Trump for his possible re-election. This is a sign of the political power over deciding who is part of the community and who is not. Once again Latinos are excluded from the political decisions exercised by the majority. One more action that is circumscribed to the politics of fear that Trump is carrying out.

We are aware that if we are not counted, we will be invisible; and if we are invisible, our problems will not be taken into account. That is why we have to demonstrate our strength as a community and put a stop to the segregation policies of this Administration. If we recover the Congress, we will have a real counterweight to the central power that tries to divide us even more, it is time to go out and vote in the next intermediate elections and consolidate our Latin strength.

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Sobre la intención de agregar una nueva pregunta al censo estadounidense.

Dentro de las responsabilidades y tareas con las que cuenta un Estado moderno, está aquella que tiene que ver con conocer, recolectar y conservar datos específicos sobre la población que se tiene que gobernar. De aquí deriva la importancia de la implementación de un censo: estadísticas que permiten mejorar el diseño de planes, programas y políticas públicas; mejoran la asignación de recursos, coadyuvan para identificar polos de desarrollo económico, y sin duda ayudan a identificar poblaciones vulnerables.

Recientemente, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la adhesión de una nueva pregunta en el próximo censo poblacional de 2020, la cual está enfocada en saber si una persona es ciudadana o no del país. El gran problema es que esta nueva pregunta intimidaría a las familias cuyos miembros tienen distinta situación migratoria – ciudadanos y no ciudadanos,-

reduciendo así la población encuestada y generando datos poco asertivos que no reflejen la verdadera composición del país.

Esta pregunta de ciudadanía representa la alteración del balance político del poder en los mapas legislativos, ya que el censo ayuda al gobierno estadounidense a calcular la distribución de los recursos y a dibujar los distritos para las elecciones locales y estatales.

Históricamente el censo ha sido un mecanismo de control y poder del gobierno estadounidense sobre las minorías, utilizándolo a conveniencia para definir quién forma parte de la comunidad política y quién se queda al margen, dicho censo se realiza cada 10 años y está incluido como un mandato de la Constitución.

Su principal objetivo, es proporcionar un recuento exacto de todos los residentes. Dichos datos se utilizan para determinar cómo distribuir más de $675 billones de dólares en fondos para programas federales, a la vez que se utilizan para trazar los distritos electorales.

Los datos del censo también se utilizan para rediseñar los distritos de la Cámara; a su vez, el número de escaños de la Cámara de cada estado determina la cantidad de votos electorales en una elección presidencial.

El reporte Brookings del 2010 calcula que aproximadamente el 31% de todos los programas federales utiliza los datos del censo para guiar la distribución de recursos, ya que las subvenciones basadas en el censo conforman hasta el 75% de todos los fondos federales.

En Diciembre del año pasado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió formalmente al Secretario de Comercio, Wilbur Ross, la inclusión de la pregunta de ciudadanía en el censo a realizarse en 2020; sin embargo, esta consulta sobre la ciudadanía no se incluye desde el año 1950 en los Estados Unidos.  Hasta el momento, representantes de ambos partidos se han pronunciado rechazando la inclusión de la pregunta, al considerarla una herramienta que sesgará el conteo de la población.

Sobra mencionar que existen infinidad de implicaciones negativas resultado de aplicar una preguntar de ciudadanía, como por ejemplo un recorte en los fondos federales distribuidos a cada estado al no contabilizar de forma adecuada el grueso de su población.

En los estados con mayoría migrante, representados por el partido Demócrata, la preocupación aumenta debido al miedo que generaría la incertidumbre de no conocer el destino de sus respuestas y en consecuencia la poca participación de la ciudadanía, temiendo perder puestos legislativos a nivel estatal y en el Congreso, así como financiamiento del gobierno federal.

Además, por cada persona sin contar, se estarían perdiendo 1,611 dólares de acuerdo a un estudio realizado por la universidad George Washington en 2015. No contar a las minorías significa menos representación en el gobierno y menos recursos federales a los estados y comunidades con poblaciones de hispanos, negros y personas del Medio Oriente.

El poder no es inocente. La verdadera intención de la Administración central en agregar la pregunta de ciudadanía al censo, es favorecer políticamente al Presidente Trump para su posible reelección.

A su vez, esto es una muestra del poder político sobre decidir quién forma parte de la comunidad y quién no. Una vez más los latinos somos excluidos de las decisiones políticas que afectan a la mayoría. Una acción más que se circunscribe a la política del miedo que está llevando a cabo Trump.

Concientizamos que si no nos cuentan, seremos invisibles; y si somos invisibles, nuestros problemas no serán tomados en cuenta. Por ello tenemos que demostrar nuestra fuerza como comunidad y ponerle un alto a las políticas de segregación de la Administración central.

Si recuperamos el Congreso tendremos un verdadero contrapeso al poder central que trata de dividirnos aún más, es momento de salir a votar en las próximas elecciones intermedias y consolidar nuestra fuerza latina.